CUANDO DECIR “NO” BLINDA TU PUESTO

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO
NÚMERO 562/2026, DE 23 DE JUNIO:
¿Te despiden por decir “no” a trabajar los sábados? El Supremo lo declaró nulo aunque nunca reclamaras
Durante años, muchas empresas han dado por hecho que reconocer la improcedencia y poner la indemnización sobre la mesa cerraba cualquier despido. La Sentencia del Tribunal Supremo 562/2026, de 23 de junio (ROJ: STS 2919/2026), demuestra que no siempre es así. Confirma la nulidad del despido de una trabajadora que nunca presentó una reclamación, ni por escrito ni de palabra. Le bastó con mostrar su disconformidad.
La actora trabajaba como peluquera canina en una clínica veterinaria de Sevilla, a jornada completa de lunes a viernes. El 11 de julio de 2019, el empresario se sentó a hablar con ella para intentar convencerla de que algunos sábados debía hacer horas para “completar su jornada”. Ella grabó la conversación.
Seis días más tarde, el 17 de julio, recibió una carta de despido disciplinario en la que la propia empresa reconocía la improcedencia. La jugada parecía clara: pagar, evitar el juicio y pasar página.
El Juzgado de lo Social n.º 5 de Sevilla le dio la razón a la empresa y declaró el despido improcedente. A su juicio, en las grabaciones no se apreciaba que el empresario hubiera amenazado a la trabajadora a modificar su jornada o su salario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo vio de otra forma: declaró el despido nulo, ordenó la readmisión y condenó a la empresa a pagar 6.251 euros por daños y perjuicios. La empresa recurrió en casación para la unificación de doctrina, y el asunto llegó al Supremo.
El Supremo no tenía que decidir si el despido era justo, porque la propia empresa ya había admitido que no lo era. Lo que debía resolver era algo más específico: si una conversación en la que la empresa intenta convencer a la trabajadora tiene fuerza suficiente como indicio de represalia. Si la tiene, la carga de la prueba se invierte y es la empresa la que debe demostrar que el despido nada tiene que ver con esa discrepancia.
La respuesta fue afirmativa, aunque el Tribunal no oculta que se trata de “un caso límite”.
Cómo razona el Supremo: El primer paso es casi de sentido común. Los hechos probados no dicen en ningún momento que la trabajadora se negara a trabajar los sábados. Lo que dicen es que el empresario “quería convencerla” y estaba “intentando hacerle ver” esa necesidad. Y el Supremo concluye que, si alguien intenta convencerte, es porque no estás convencida. La trabajadora mantenía una postura de resistencia, y el empresario era perfectamente consciente de ella. La negativa, por tanto, no necesita constar con esas palabras: puede deducirse del propio relato de los hechos.
A esto se suma un detalle significativo. Al final de la conversación, la trabajadora menciona un documento que había firmado como “no conforme”, y el empresario le responde que se informe y se asesore. Ese documento nunca llegó a aportarse al juicio, pero el Supremo considera lógica y coherente la deducción del TSJ: existía una disconformidad, y la empresa la conocía. Que el propio empresario sugiera buscar asesoramiento dice mucho de que ambos intuían un posible conflicto jurídico.
El tercer elemento es el calendario. Entre la conversación y el despido pasan solo seis días. Para el Tribunal, esa cercanía crea un nexo temporal de cierta relevancia entre la negativa y la decisión de despedir.
Con todo ello, la trabajadora había aportado el indicio. A partir de ahí, conforme a los artículos 96 y 181.2 de la LRJS, le tocaba a la empresa demostrar que el despido respondía a motivos reales y ajenos a cualquier represalia. Y aquí la estrategia empresarial se vuelve en su contra: se limitó a reconocer la improcedencia, sin aportar el menor indicio de que el despido disciplinario tuviera una causa real. Reconocer la improcedencia no equivale a justificar el despido; en la práctica, es admitir que no hay causa que lo sostenga.
La empresa había invocado como sentencia de contraste una del TSJ de Cataluña de 4 de julio de 2005. En aquel caso, un trabajador sí había pedido verbalmente que se igualara su salario con el de otros compañeros, y aun así se rechazó la nulidad. Aquella sala entendió que una mera petición oral, sin advertir de una futura reclamación, sin denuncia ante la Inspección de Trabajo y sin papeleta de conciliación, no era indicio suficiente.
El Supremo aprecia aquí una contradicción a fortiori, es decir, con mayor motivo, porque en el caso sevillano ni siquiera hubo una petición verbal. Aun así, se queda con la doctrina del TSJ de Andalucía. El mensaje es nítido: no hace falta anunciar una demanda para estar protegida frente a las represalias.
Para llegar hasta aquí, el Tribunal recuerda que la garantía de indemnidad nace del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Hoy, además, tiene reconocimiento expreso en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, extendiendo la protección a cualquier actuación ante la propia empresa para reclamar derechos laborales. Como estas reformas son posteriores a los hechos, el Supremo resuelve con su propia doctrina, en especial la STS 917/2022, de 15 de noviembre, que ya declaró nulo el despido de un trabajador que había mostrado por WhatsApp su desacuerdo con el impago del exceso de jornada.
No cualquier queja blinda frente al despido. El Supremo exige que la disconformidad tenga densidad jurídica suficiente: el mero malestar, una protesta genérica o una conversación ambigua no bastan. La conducta de la persona trabajadora tiene que ser reconocible como ejercicio de derechos, como reclamación, como acto preparatorio de su defensa o, al menos, como una muestra clara de disconformidad que apunte a una posible impugnación futura.
En este caso concreto, lo que inclinó la balanza fue la suma de varios elementos: la conversación grabada, el documento firmado como “no conforme”, los seis días entre la muestra de disconformidad y el despido, así como, la ausencia total de causa. Si alguna de esas piezas hubiera faltado, el resultado podría haber sido distinto. Por eso el propio Tribunal habla de un caso límite.
En resumen, si una empresa despide a una persona trabajadora poco después de que ésta muestre su desacuerdo con un cambio en sus condiciones, ese despido puede ser nulo aunque no haya existido ninguna reclamación formal.