Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a un trabajador despedido disciplinariamente a pagar los gastos del detective privado contratado por su empresa para demostrar el fraude en su baja laboral. Este caso, controvertido y pionero, abre un debate sobre la imputación de costes de investigación a los empleados. ¿Se trata de una medida justa o un precedente polémico? Descubre más en el artículo completo