El pasado día 18 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia por la que se condenaba a un trabajador, despedido de forma procedente y disciplinariamente, a pagar los gastos en que la empresa incurrió para comprobar su despido disciplinario.

 

El trabajador, con categoría profesional vigilante de seguridad, llevó a cabo actividades incompatibles con los periodos de baja, más concretamente, participó en varios festivales y discotecas como disyóquey, circunstancia que desencadenó un despido disciplinario.

 

El trabajador impugnó ese despido, resultando la justicia a declararlo procedente. A la vista de esta resolución, el trabajador planteo una segunda demanda de cantidad, reclamando el pago de los salarios pendientes.

 

Fue en esta segunda demanda, y en base a la incorrecta actitud del empleado y a la procedencia del despido, cuando la empresa presentó reconversión y reclamó al trabajador los gastos de su despido.

 

El tribunal entendió de acertada dicha pretensión, condenando al trabajador al pago de la factura del detective privado que la empresa había contratado para demostrar que su baja era un fraude, además de otros gastos tales como, el burofax, el notario y los del abogado.

 

Esta sentencia, no poco controvertida pero si novedosa, pretende dar un toque de atención a los trabajadores y beneficiar a todas las empresas que sufren actuaciones fraudulentas, abriéndoles las puertas a que puedan reclamar a sus trabajadores los gastos en los que incurren para comprobar sus malos comportamientos.

 

Parece ser el primer caso en que los jueces condenen al empleado a pagar estos gastos. Varios profesionales ya han criticado esta lógica, pues llevado al extremo, cualquier medio de comprobación, como la simple visualización de cámaras o el seguimiento por GPS para comprobar las causas de un despido disciplinario, podrían llegar a ser gastos imputables al trabajador.